El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Luis Larach, dice que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no es responsabilidad de los generadores privados, pero su familia forma parte de las generadoras que han suscrito contratos millonarios con la estatal.
En 21 años, explotaron 13 contratos de generación. Y sólo por 6 de ellos facturaron, entre enero de 2019 y julio de 2020, cerca de $148.8 millones.
Los Larach son una de las familias más influyentes de Honduras. Manejan una gran diversidad de negocios. En el campo energético intervienen a través del Grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S. A de C. V (IRESA), compuesto por generadoras de energía geotérmica, térmica, carbón, hidroeléctrica y fotovoltaica.
Beneficiados de la “diarrea legislativa” de 2014
El 20 de enero de 2014, en la sesión conocida como “diarrea legislativa” (la última presidida por Juan Orlando Hernández en la que se tramitaron, de una vez, decenas de contratos y decretos), el Congreso Nacional aprobó 52 contratos de energía renovable.
Según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los acuerdos fotovoltaicos se suscribieron al precio más alto de América Central, $15 centavos por kilovatio generado, más incentivos de $3 centavos, cuando en Panamá en ese entonces, se adquiría por la mitad.
Dos de las empresas solares contratadas y señaladas en esa auditoría, ahora vinculadas a los Larach (COHESSA y SOPOSA) fueron creadas pocos meses antes de obtener los contratos y no presentaron la idoneidad técnica y financiera. Ambos son por 20 años, lo que sumará en ese tiempo aproximadamente $303.9 millones. La auditoría del TSC concluyó que a pesar de que la contratación se dio en el marco legal establecido, violó la Ley de Contratación del Estado, porque las empresas no cumplían los requisitos para ser contratadas.
¿Había otra opción?
“La mayoría de contratos energéticos que se aprueban en el Congreso nunca se socializan, no se discuten y no se informa cómo fueron negociados”, dijo a Radio Progreso el abogado Rassel Tomé, que fue diputado entre 2014 y 2018.
El legislador Luis Redondo es aún más explícito al afirmar que el 99% de los contratos de generación aprobados, y de los que él ha sido testigo en el Poder Legislativo, tienen indicios de nulidad y corrupción.
En noviembre de 2017, Redondo y el exfiscal de la Constitución René Adán Tomé, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público, para que investigase los contratos aprobados en la “diarrea legislativa” de 2014.
“Es el robo parlamentario del siglo: se abrió paso a privatizaciones, se crearon leyes contra la rendición de cuentas y muchas cosas más”, recordó Redondo.
La denuncia de Redondo y Tomé que señalaba decretos que contrataron a empresas de la familia Larach así como delitos de “prevaricato, abuso de autoridad contra la forma de gobierno y falsificación de documentos públicos”, cometidos en otras iniciativas aprobadas, está engavetada en el Ministerio Público.
Radio Progreso solicitó información a las autoridades para saber los avances del proceso investigativo, pero no obtuvo respuesta.
Firmaron contratos sobrevalorados
No era la primera vez que las empresas de los Larach habían sido contratadas bajo un precio que supera su capacidad financiera. En 2008, el Gobierno dirigido por Manuel Zelaya declaró emergencia energética y contrató 100 megavatios de energía generada por carbón a la empresa ENVASA, de los Larach.
Otra auditoría del TSC concluyó que el precio del contrato superaba los costes de referencia de la ENEE en generación de energía por carbón.
Debido a los cuestionamientos que rodearon este proceso, el contrato nunca entró en operaciones y los funcionarios involucrados en la contratación nunca fueron investigados. La auditoría concluyó que la Junta Interventora de la ENEE, presidida por Arístides Mejía Carranza, violó la Ley de Contratación del Estado.
En 2010, se firmó un contrato con la Compañía Hondureña de Energía Renovable S. A. (COHERSA), mejor conocida como “La Vegona”, instalada a 8 km de la Hidroeléctrica General Francisco Morazán (El Cajón), la represa estatal más grande e importante en términos de generación eléctrica para el país. Incluso, según expertos en el tema como Mario Rubén Zelaya, la operación de El Cajón amortigua el precio que la ciudadanía paga en las tarifas mensuales.
Otra auditoría del TSC señala que la ubicación de La Vegona, vinculada a los Larach, pone en riesgo el funcionamiento y seguridad de la estatal. Entre enero de 2019 y julio de 2020, esta generadora cobró $32.2 millones y durante 30 años de duración de contrato, facturará cerca de $681.6 millones.
“La gerencia de la ENEE concede permisos para que las generadoras hagan lo que quieran, sin importar que la estatal se vea afectada, cuando la deuda es insostenible, el que sufre las consecuencias es el consumidor pagando tarifas altas”, opinó el sindicalista, Ever Sarmiento.
En 2010, la ENEE contrató a la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), para operar en Santiago de Puringla, La Paz, por 30 años. En este proyecto poseen acciones Marisol Larach y Gilberto Larach, otros miembros de la familia. Entre enero de 2019 y julio de 2020, cobraron cerca de $4.7 millones.
Pobladores indígenas lencas del sector, denunciaron ante la Fiscalía de Etnias a la empresa CECA, por suponerla responsable de daños ambientales que afectan a la comunidad.
El déficit de la ENE en 2020 era de $2,300 millones. Hasta el 16 de septiembre la mora con las generadoras ascendía a $302.1 millones, de los cuales 37.5 iban destinados a empresas donde algunos miembros de la familia Larach son accionistas.
Para conocer su versión, Radio Progreso solicitó una entrevista a Luis Larach, pero no obtuvo respuesta.
Con respecto al Grupo Lufussa, propiedad de Shucry y sus hermanos, Eduardo y Luis Kafie Larach, maneja un parque de generación termoeléctrica en la zona sur de Honduras, con una capacidad instalada de 390 megavatios. A través de dos contratos térmicos, según la ENEE, facturó en 2019, $197.7 millones.
Mediante este grupo también manejan empresas de generación renovable, como la fotovoltaica Energía Básica (ENERBASA), planta que cobró, en 2019, $5.9 millones de dólares. Además, han invertido en generadoras eólicas, en febrero de 2017, adquirieron a través de Energía Básica (Panamá), parte de las acciones de la sociedad eólica Aerowind S. A.
La ENEE tampoco tiene capacidad para pagar la energía contratada a las empresas del Grupo Lufussa. Hasta julio de 2020, le debían a sus térmicas cerca de $48.7 millones de dólares.
De acuerdo al economista Claudio Salgado: “la ENEE usa el 66% de su presupuesto para pagar energía privada. Por cada lempira que recibe, 63 centavos van para las generadoras”. Agregó que “mientras no se cambien las condiciones contractuales de la generación privada, la estatal seguirá su camino a la quiebra”.
De acuerdo a analistas consultados, la responsabilidad de estos sectores empresariales en la crisis presupuestaria de la ENEE es evidente. Las generadoras de la familia Larach y Kafie no son las únicas que se están beneficiando de esta deriva. Aún hay más.