Los Canahuati y sus contratos difíciles de pagar
“Entre ustedes, existen generadores de energía que por años se han dedicado a este negocio. No podemos permitir que se siga acumulando en tres o cuatro grupos económicos toda la generación. Tiene que haber competencia. Ese es un principio de la empresa privada”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández en una reunión celebrada en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en marzo de 2020.
El salón estaba muy concurrido, en su mayoría de empresarios conocidos. Hernández les reiteró que todos habían hecho las cosas mal y que de ese problema tenían que salir juntos.
En Honduras, hay 3 grupos económicos que sacan las mayores ganancias de la producción energética privada: Grupo Terra, propiedad del empresario Fredy Nasser; Grupo Iresa y Lufussa, vinculado a empresas de miembros de la familia Larach y Kafie; y sociedades mercantiles en las que tienen participaciones integrantes de la familia Canahuati.
“Hay que revisar esos contratos en los que, de alguna forma, ustedes lo dicen en privado, pero a mí me toca decirlo en público, se les pasó la mano. De nada sirve algo inflado si no se podrá pagar. Todos tenemos que ceder por el bien de Honduras”, expresó el presidente Hernández.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) paga, cada año, casi $990 millones a las generadoras privadas, lo que representa cerca del 70% del presupuesto operativo de la estatal, que es de $1,500 millones anuales. Pero su déficit acumulado es de $2,300 millones.
Hernández y su gobierno contribuyeron a generar este problema. Entre 2010 y 2021, periodo en el que ostentó los cargos de presidente del Congreso Nacional y, luego, del Poder Ejecutivo, Honduras aprobó más de 200 contratos de generación eléctrica, muchos de ellos a precios que en la actualidad son impagables para la estatal.
Los Canahuati y el poder
Entre 2006 y 2014, las empresas ligadas a varios miembros de la familia Canahuati suscribieron 11 contratos, por 7 de ellos facturaron, solo entre enero de 2019 y julio de 2020, cerca de $58 millones.
El empresario Juan Miguel Canahuati Iga, fallecido en 2010, conocido como el padre de la industria textil en Honduras, fundó Elásticos Centroamericanos y Textiles (ELCATEX) desde donde comenzó en el negocio térmico. Sus hijos, Mario Miguel, Edgardo, Jesús y Juan han heredado sus empresas.
Más allá de tener intereses mercantiles, también buscaron el poder político. Mario Miguel Canahuati aspiró sin éxito a la presidencia de la República por el Partido Nacional, y luego acompañó en la fórmula presidencial a Porfirio Lobo, quien al llegar al poder lo nombró canciller.
En 2012, el expresidente Lobo, con la colaboración de Hernández como titular del Legislativo, ratificaron un contrato de generación por biomasa (energía extraída por la quema de materia orgánica), contratando a Honduras Green Power Corporation S. A., otra empresa donde los familiares del excanciller tienen acciones.
Se trata de un contrato por 15 años, entre enero de 2019 y julio de 2020, cobró a la ENEE, $33.8 millones.
Por el déficit contraído, la ENEE, no puede pagar a las generadoras privadas. Hasta septiembre de 2020, según sus registros de facturación, debía a Green Power cerca de $12 millones.
¿Contratos irreversibles?
Durante la reunión con los empresarios, Hernández bajó la intensidad de sus palabras. “El Estado tiene que ser un ente que regule cualquier exceso, acá no estoy culpando a nadie, pero no nos queda más alternativa que revisar los contratos excesivos”.
En esa misma línea se expresó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, cuando sugirió al Estado la renegociación de los contratos de energía, como una condición ineludible para el rescate financiero de la ENEE. Esa revisión no tuvo éxito, porque las empresas no aceptaron bajar los costos de la generación.
Según el economista Alejandro Aroni, “esos contratos ya se revisaron, el problema es que como son privados no se pueden revertir, hay que esperar que expiren y algunos son de largo plazo, de 20 a 30 años. Ya no se puede hacer nada. Simplemente la ENEE deberá pagar. Lo que queda es buscar a los culpables y señalarlos”.
Aroni agregó: “es una cruz que la ENEE deberá cargar por muchas décadas. Le puedo decir que es uno de los factores que tienen en quiebra a la estatal y de eso no se dice mucho. La revisión de contratos es utopía, es imposible”.
En la familia Canahuati hay miembros de diferentes tendencias y partidos políticos, pero vinculados igualmente al negocio de la energía. Por ejemplo, Juan Leonel Canahuati Thuman, reconocido empresario energético y regidor municipal de San Pedro Sula por el Partido Liberal.
Canahuati Thuman es amigo y socio de Antonio Salvador Handal Mourra, con el que comparte acciones en varias empresas energéticas, y con el que firmaron, a través de Hidrocentrales Eléctricas (HIDROCEL), dos contratos, en 2011, de una duración de 20 años cada uno. Esos proyectos cobran al Estado $ 3.5 millones anuales.
También estuvo vinculado a la explotación de contratos fotovoltaicos, a través de Generadoras Solares (GESOLSA) y Desarrollos Energéticos Granja Solar (DEGSA). Los contratos solares han sido denunciados en el Ministerio Público y cuestionados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por ser los más caros de la región.
No es casualidad que, hasta 2020, la ENEE sostenía una deuda de más de $302.1 millones con las generadoras privadas, siendo el área fotovoltaica el segundo sector al que más le debía, $57.8 millones.
Miguel Emilio Canahuati Mitri es otro empresario de la familia en el negocio de la energía. Firmó dos contratos solares a través de la empresa Soluciones Energéticas Renovables (SERSA), contratos que nunca explotó, porque al obtenerlos prefirió venderlos a dos empresas de capital internacional. Por los 2 contratos, SERSA factura cerca de $14.8 millones anuales.
Asimismo, Mateo Yibrin Canahuati, a través de su empresa Compañía Azucarera Tres Valles, firmó dos contratos de generación, por los que cobró entre enero de 2019 y julio de 2020, $9 millones.
El costo de la privatización de la energía. Historia de un contrato
En 2012, directivos del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), denunciaron que la ENEE y el Congreso pretendían aprobar un contrato que afectaría la generación pública.
Roberto Martínez Lozano, entonces gerente de la ENEE, junto a Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, se aliaron para contratar a Energía Hídrica Portátil de Honduras S. A. (PHP), para un proyecto que se instaló a pocos kilómetros de la represa estatal El Níspero.
El contrato se promovió a través de una declaratoria de emergencia, justificando que fortalecería la generación de El Níspero y que el 30% de las utilidades sería para la ENEE.
Este proyecto fue una alianza pública-privada. La empresa que firmó el contrato se benefició de los ingresos por explotación de la energía sin tener que invertir todo lo que facilitó la ENEE.
Según Gilberto Espinoza, expresidente del CIMEQH: “técnicamente no mejoraba la operación, se favorecía a empresarios, permitiéndoles que se conectaran y usaran el agua con la que generaba la estatal”.
El ingeniero Marco Flores, integrante del CIMEQH, detalló: “el Níspero era una represa que generaba energía pública en horas pico, cuando es más costosa. De ese modo se alivia la situación con energía a bajo costo, facilitando a mediano plazo el cobro de tarifas bajas. El contrato con PHP es dañino para las finanzas de la ENEE, pero más allá de eso, es un paso a privatizar lo poco que queda de la generación pública”.
Cuando el contrato con PHP llegó al Congreso Nacional, diversos sectores sociales preguntaron quiénes eran los dueños de la empresa contratada. En aquel momento, el diputado Sergio Castellanos, señaló que era de un familiar del expresidente Rafael Leonardo Callejas.
El contrato con PHP se firmó a 20 años. Le costará a la ENEE cerca de $27.2 millones. De esta empresa han sido accionistas varios sectores como los vinculados a la familia Canahuati o Andonie, y entre otras como la Atala que se retiraron de la empresa antes de explotar el contrato. A este negocio también entraron exfuncionarios públicos como la exministra de Salud Elsa Yolanda Palou García y su hermano Carlos Agustín.
La ENEE tampoco tiene capacidad de pagar a PHP. Hasta septiembre de 2020 le debía $788,000.
El ingeniero Flores lamentó: “de fondo uno sabe quiénes son las familias poderosas que manejan la generación energética y que tienen en esta situación a la estatal”.