En la última década, Honduras cambió su matriz energética, dando prioridad a la generación renovable. Por eso creó un marco jurídico con condiciones tan beneficiosas para el capital privado que, en la actualidad, tienen al borde del abismo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A través de la Ley Marco del Subsector Electricidad, Ley de Incentivos a la Generación de Energía Eléctrica y la Ley General de la Industria Eléctrica, los empresarios del rubro son exonerados de impuestos y reciben cerca del 10% de bonificaciones en los contratos. De esta forma, el precio de compra de energía privada se volvió más caro y menos beneficioso para la estatal.
Un negocio al servicio de políticos
Gracias al cambio de matriz, políticos y funcionarios, se convirtieron en proveedores energéticos. En noviembre de 2009, la dirigente nacionalista Gladis Aurora López fue electa diputada. Para el 27 de enero de 2010 ya era secretaria de la Junta Directiva del Congreso Nacional y, dos días después, el 29 de enero, la ENEE le aprobó a su esposo, Arnold Gustavo Castro Hernández, el primero de tres contratos de generación hidroeléctrica en el departamento de La Paz, firmado con la sociedad Inversiones Aurora, por los que cobró cerca de $2.1 millones en 2019.
López no fue la única diputada involucrada en la aprobación de contratos energéticos. También lo hizo el círculo de confianza de la entonces vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, quienes, en ese año, firmaron 4 contratos de generación hídrica a través de la sociedad Gutiérrez Arévalo Energy.
De estos cuatro, solo uno está operando a través de la Central Zinguizapa en Vallecillo, Francisco Morazán, cobrando a la estatal cerca de $1.1 millones anuales. Se espera que, en 30 años de duración de contrato, facture aproximadamente $34.9 millones.
Otro funcionario que ostentó cargos directivos en esta generadora, fue el exministro de Finanzas William Chong Wong, quien, en 2014, se convirtió en comisario del Consejo de Administración.
“De acuerdo a la Ley de Contratación del Estado, los familiares de funcionarios dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden tener relación comercial con el Estado mientras ellos están fungiendo. Considero que el involucramiento de políticos o funcionarios en contratos con el Estado es un acto que debe ser investigado por el Ministerio Público”, explicó el abogado German Licona.
Socios de Lena y su relación con otros grupos empresariales en el área renovable
También hay más funcionarios públicos y políticos contratados. Roberto Martínez Lozano, entonces gerente de la ENEE, firmó dos contratos de generación hídrica con la empresa Proveedores Internacional S. A (PROINTER), cuyo accionista es Norman Guillermo Noriega González, actual diputado suplente del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara.
Se trata de una práctica que continuó, a pesar de los cambios en la dirección de la ENEE que pasó de Martínez Lozano a Emil Hawit en 2012, por ejemplo, aprobó un contrato a Grupo Hondureño de Inversionistas (GHISA), donde es accionista Marlon Efrén Aguilar Ponce, pariente de Osman Danilo Aguilar Ponce exdiputado liberal y actual regidor de la Alcaldía del Distrito Central. El contrato fue cancelado porque no presentaron garantía bancaria.
Para conocer su versión, Radio Progreso solicitó una entrevista al exgerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, pero no obtuvo respuesta.
Sergio Castellanos, diputado en ese último periodo, cuestionó la metodología empleada para aprobar los contratos porque no había capacidad financiera para absorberlos. “Acá todo venía armado, no daban paso a discutirlos, mucho menos a conocer quiénes eran los empresarios beneficiados”.
Para el economista Fredy Tejada, la compra de energía hace de la ENEE una empresa deficitaria al aumentar su deuda. “La estatal eléctrica es un activo público que debería generar utilidades para sostenerse, pero no es así por una mala administración. La ENEE tiene que aumentar tarifas para sostenerse, la mala gestión en los contratos afecta a toda la ciudadanía. Para las finanzas estatales es una carga”.
Hidroeléctrica La Encenada, representada por el exdiputado liberal, Marco Antonio Ponce Paguada fue otra empresa contratada por la ENEE, también Energía de Occidente (ENERCO), vinculada a José Francisco Sibrián Bueso, uno de los asesores de campaña de la candidatura presidencial de Yani Rosenthal y hermano del actual fiscal adjunto del Ministerio Público, Daniel Sibrián.
“Si un funcionario ha estado en la administración pública y, después, aparece con una empresa generadora de energía, no es transparente. El Ministerio Público debe investigar estos temas, no debe seguir la omisión en estos casos”, manifestó el abogado Licona.
Otros grupos empresariales involucrados en la firma de contratos renovables
Y al narco también le interesa la energía renovable
En enero de 2014, Hawit autorizó 23 contratos fotovoltaicos, más de 6 con personas vinculadas a empresas de la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros), por ejemplo, Liana Maria Bueso Majano, quien firmó 5.
Bueso es abogada. Durante el Gobierno de Porfirio Lobo, fue directora del departamento de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), y también asesora de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). En 2012, fue candidata a diputada por el Partido Nacional, que ostenta el poder en Honduras desde 2010. Así mismo, fue apoderada legal del parque turístico Joya Grande, centro incautado por el Ministerio Público, por ser un bien adquirido con dinero ilícito del lavado de activos, vinculado a la familia Rivera Maradiaga.
Bueso también fue socia de otras empresas ligadas a Los Cachiros, dedicadas a la minería, como Grupo Exportador Sociedad Anónima, donde compartió acciones con el exdiputado nacionalista Juan Gómez Meléndez, asesinado en 2015, a quien la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico acusó de ser el contador de Los Cachiros.
El TSC comparó los precios de los contratos fotovoltaicos firmados en Honduras con los costes del mercado solar en Panamá. Determinó que los contratos duplicaban el valor de mercado. Es decir, en Honduras se compró el kilovatio hora a 15 centavos de dólar, mientras que, en Panamá, en ese momento se adquiría por la mitad.
Hawit también contrató a Energía Solar y Demás Renovables (PRODERSSA), sociedad fundada en 2013, por Roberto Arturo Mejía Salgado, hijo del abogado Francisco Arturo Mejía. Según el Ministerio Público, estuvieron vinculados a la Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR), sociedad mercantil que los narcotraficantes utilizaron para firmar más de 20 contratos con el Estado para lavar dinero proveniente del narcotráfico (Caso Narcopolítica).
Meses después vendieron PRODERSSA al yerno del expresidente Rafael Leonardo Callejas, Lisandro Flores Alfaro, luego en agosto de 2014, la sociedad fue adquirida por Roberto David Castillo Mejía y Energía de Mesoamérica S. A (PEMSA), quienes nombraron en el Consejo de Administración a empresarios de la familia Atala Zablah.
En el pasado, el abogado Francisco Mejía tuvo relación comercial con el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, el 18 de abril de 2005, ambos fundaron el despacho legal Ramos Soto y Asociados, firma en la que fueron socios hasta el 26 de junio de 2015, cuando Francisco Mejía vendió sus acciones a Marissa Alejandra Ramos Aguilar.
Los contratos de Bueso Majano y de la familia Mejía Salgado, nunca fueron explotados por ellos, porque luego de la entrega de los hermanos Rivera Maradiaga a la justicia de Estados Unidos en 2015, las vendieron a empresarios y políticos.
De las 23 empresas señaladas por el TSC, al menos 15 fueron creadas por inversionistas que nunca explotaron los contratos, solo los firmaron y luego vendieron a diversos grupos empresariales, quienes sí los pusieron en marcha.
El caso fotovoltaico no fue el único que favoreció a personas ligadas al narcotráfico, porque antes, en febrero de 2012, Hawit ya había contratado a dos empresas vinculadas a Juan Ramón Matta Waldurraga, quien se declaró culpable de delitos ligados al narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Y lo mismo hizo con Energy Hstar S. A., vinculada a personas cercanas al narcotraficante Sergio Neftalí Mejía Duarte. Esta sociedad fue asegurada por el Ministerio Público a través de la operación Hefesto, donde se incautaron bienes ligados a las actividades de narcotráfico de Mejía.
#OperaciónHefesto
En mayo de 2018, Mejía fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por traficar droga, que en su mayoría pertenecía al “Chapo” Guzmán.
“Sobre la base de este negocio ha habido manejos que no corresponden a un Estado de derecho adecuado. Todo lo que tiene que ver con la ENEE significa una pérdida de miles de millones de lempiras”, comentó el coordinador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, Mauricio Díaz Burdett.
La energía cambia, pero no los manejos turbios. Díaz agregó:” el cambio de matriz es importante, no hay que dejar de tomarlo en cuenta, pero sabemos que el problema está en la negociación de los contratos y en los convenios que hay a oscuras”.